Rectores solicitan iniciar en el Congreso discusión de la iniciativa radicada por el Gobierno del Cambio, y agilizar el trámite de reforma de la Ley 30 de 1992, prevista en el Plan Nacional de Desarrollo ‘Colombia, potencia mundial de la vida’.
“Reconocemos el esfuerzo del Gobierno Nacional al presentar un proyecto de Ley Estatutaria que refuerza el carácter de derecho fundamental de la educación en todos los niveles”, manifestaron en un comunicado los rectores de cuatro importantes universidades públicas del país.
“Pese a la rigurosidad y las exigencias que reclama el trámite de una ley estatutaria, creemos firmemente que es necesaria y oportuna en tanto reconoce principios constitucionales como la diversidad cultural, étnica, lingüística y de saberes en Colombia”, destaca el pronunciamiento de los rectores de la Universidad Nacional de Colombia, Dolly Montoya; la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda; la Universidad Industrial de Santander (UIS), Hernán Porras, y la Universidad del Valle, Édgar Varela.
“El articulado propuesto –plantean los rectores– debe iniciar su discusión en el Congreso de la República; en este escenario, las Universidades y demás actores del Sistema realizaremos más aportes que contribuyan a la garantía de una educación de calidad, con acceso, cobertura, progresividad, universalidad, financiamiento adecuado, enfoque territorial y equidad”.
Estos elementos del proyecto de Ley Estatutaria –radicado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República– deben articularse con otras iniciativas gubernamentales, como el proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992, “en donde estamos construyendo importantes insumos desde nuestras comunidades”, indicaron.
“Nuestro propósito como Universidades Públicas –recalcan los rectores– es garantizar el desarrollo y la construcción de la nación desde nuestras funciones misionales de docencia, investigación y extensión. Por esta razón, respaldamos la apuesta del Gobierno Nacional de garantizar el derecho a la educación desde la ampliación de la cobertura, el cierre a las brechas de acceso y el fomento de la calidad y la pertinencia, reconociendo que nuestro sistema educativo es mixto”.
También defendieron “la autonomía universitaria reconocida en la Constitución como un derecho que guarda directa relación con la función social y el carácter misional de las Universidades”.
Recorrer la ruta de la transformación que pretende atravesar nuestro país en su educación exige adecuaciones institucionales y tomar medidas urgentes para la superación del déficit presupuestal que aún hoy mantienen las universidades, aseguran en su pronunciamiento.
“En consecuencia, reiteramos nuestro llamado para agilizar el trámite de la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, tal como lo manda la Ley 2294 de 2023 que adoptó el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026”, puntualizan los rectores en el comunicado a la opinión pública.
