Entre enero y agosto 2022, fueron asesinados 426 menores de edad, registrando un incremento del 12% frente al mismo periodo 2021.
La Procuraduría General de la Nación pidió al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tomar medidas urgentes ante el alarmante incremento de cifras de violencia contra niños, niñas y adolescentes en Colombia.
A juicio del ente de control es preocupante que, según reportes de Medicina Legal, entre enero y agosto de 2022, fueron asesinados 426 menores de edad, 12% más casos frente a la cifra registrada en los primeros ocho meses de 2021, con 380 homicidios; siendo Bogotá, Barranquilla, Cali, Quibdó y Medellín, las cinco ciudades donde se reportaron los mayores hechos de violencia contra la niñez y la adolescencia. Asimismo, el mayor número de víctimas por ciclo vital se han presentado entre los 12 y 17 años con 380 registros, 29 casos entre 0 y 5 años y 17 reportados en víctimas entre 6 y 11 años.
Adicionalmente, el Ministerio Publico indicó que, en el 2022, se han registrado 25.585 lesiones no fatales contra los menores de edad, de los cuales 13.879 casos fueron exámenes médico legales por presunto delito sexual, 5.572 por violencia interpersonal, 3.828 por violencia intrafamiliar y 1.477 por lesiones en eventos de transporte.
Ante esta crítica situación y teniendo en cuenta que es un deber de las autoridades propender por su integridad, el ente de control requirió a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como órgano rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar -SNBF- activar dicho sistema y liderar con la participación de todos los actores e instancias que lo integran, acciones que contribuyan a detener y reducir las referidas cifras.
Para el Ministerio público el preocupante incremento de las cifras de violencia, reflejado en los aberrantes casos que día a día divulgan los medios de comunicación, obliga a plantear la necesidad de seguir avanzando en la lucha contra este flagelo mediante acciones concretas de política pública a nivel nacional y territorial a fin de lograr una respuesta efectiva que permita la disminución de las sorprendentes cifras de fallecimientos y de maltrato infantil ocurridos en el país.
“Es necesario priorizar esta temática en la agenda y asumir compromisos colectivos mayúsculos para que conjuntamente todos los actores e instancias lideren en sus respectivos territorios el replanteamiento de las políticas públicas que se han diseñado hasta el momento, las que quizás – podría afirmarse-, no han sido lo suficientemente eficaces para combatir el maltrato infantil” enfatizó el ente de control.
La Procuraduría recordó que, en la medida de que se realicen mayores esfuerzos para prevenir la violencia en el contexto familiar y la comisión de delitos sexuales, se promueva la investigación que permita identificar las causas de su ocurrencia y se desplieguen con urgencia medidas tendientes al fortalecimiento familiar, podría avanzarse en la protección integral que les corresponde.