Cárcel a militares que traficaban armas y municiones desde batallones del Tolima y otras regiones con destino a grupos subversivos

Las capturas se produjeron en Ibagué, Villavicencio, Bogotá y Piedecuesta.

La Fiscalía puso en evidencia las actividades ilícitas en las que estarían involucrados dos sargentos, uno de ellos en retiro, y cuatro soldados profesionales del Ejército Nacional para desviar armamento, munición y material de intendencia y venderlos a estructuras ilegales.

Al parecer, los uniformados se valían de conceptos técnicos falsos y actas fraudulentas para reportar la pérdida de los elementos de intendencia en batallones de ubicados en Bogotá, Caquetá, Meta, Putumayo, Tolima, Antioquia, Cesar y La Guajira. Pistolas, revólveres, ametralladoras, fusiles y lanzagranadas habrían sido sustraídos de las sedes militares, y vendidos a estructuras de las disidencias de las FARC, el ELN y el ‘Clan del Golfo’ en Antioquia, Chocó, Nariño, Arauca y Caquetá.

Los señalados involucrados en este andamiaje fueron capturados en diligencias realizadas en Piedecuesta (Santander), Ibagué (Tolima), Villavicencio (Meta) y Bogotá. En los procedimientos se incautaron armas, munición y prendas de uso militar que, probablemente, estaban listas para ser comercializadas

un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los detenidos los delitos de concierto para delinquir agravado; porte y tráfico de armas de uso privativo, de uso restringido de las Fuerzas Armadas; y enriquecimiento ilícito. Uno de los procesados aceptó los cargos. Todos deberán cumplir medidas de aseguramiento privativas de la libertad en centro carcelario.

Los afectados con la decisión son el sargento primero (r) Cristian Leonardo Castro Ojeda y el sargento viceprimero Juan Manuel Torres Hernández; y los soldados profesionales Ronald González García, Jesús Tique, Eris José Pacheco Jiménez y José Alexander Muñoz Joven.

En esta línea investigativa que sigue la Fiscalía por la deviación de armas, munición y otros elementos de uso oficial ha sido capturadas y judicializadas 25 personas, entre integrantes y exintegrantes de la fuerza pública, y civiles.