Los uniformados fueron condenados por el delito de concusión. Se libró orden de captura en su contra.
La Fiscalía General de la Nación logró una condena de 9 años y 7 meses de prisión contra dos integrantes del Ejército quienes le exigieron a una mujer la suma de $278.000.000 de $400.000.000 que recibió de una recompensa que se le pagó por haber entregado información sobre la ubicación de un integrante de las extintas Farc en el Tolima.
Los hechos ocurrieron el 7 de octubre del 2009, cuando Hoover Yarley Ríos Román, quien para esa época era mayor del Ejército, y Giovany Andrés Cruz Martínez, oficial de la misma institución, persuadieron a la informante de 23 años de edad para que les entregara el dinero que le había sido depositado el 1 de octubre en su cuenta de ahorros, la cual ellos la obligaron a abrir en un banco de Ibagué.
La información que reposa en los expedientes del procesado da cuenta que los acusados se apoderaron del dinero a través de otro funcionario, mediante dos retiros. Registros fílmicos y fotográficos de las cámaras de seguridad de la entidad crediticia dan cuenta del actuar delictivo de los funcionarios públicos quienes se valieron de engaños y artimañas para hacerla creer que tenía que entregarles una parte de la recompensa porque supuestamente habría otras personas que también habían brindado información y habría que compartir con ellas la recompensa.
La víctima aseguró que los uniformados la coaccionaron, al decirle que si no les entregaba una parte del dinero, la exhibirían ante miembros de la guerrilla como la persona que brindó la información.
De esto no sólo dan cuenta personas allegadas a la víctima sino también empleados del banco quienes los atendieron ese día, asegurando que los oficiales recibieron una cantidad de dinero, y que otra parte fue consignada a la cuenta de un tercero, también integrante de las Fuerzas Militares.
Los funcionarios también deberán pagar una multa y fueron inhabilitados para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término igual al de la pena privativa de la libertad.
Esta decisión es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley.