Se evidencian, además, cerramientos y obras de seguridad y mantenimiento no efectuadas, que pueden llevar al deterioro de las construcciones y su consecuente inutilidad.
La Contraloría General de la República realizó un pronunciamiento de advertencia al Ministerio de Educación Nacional -Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), por los riesgos de afectación negativa a los intereses públicos que ha identificado este organismo de control en varios proyectos del Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE), por obras que pueden quedar inconclusas o que, una vez terminadas, no puedan ser puestas en funcionamiento, afectando el servicio educativo en distintas regiones del país
La advertencia está sustentada en los resultados del seguimiento permanente de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) a 52
alertas, relacionadas con los retrasos en algunas obras adelantadas por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) del Ministerio de
Educación, detectadas en el año 2021.
Con corte al 11 de febrero de 2022, se logró verificar la entrega a la comunidad de solamente 7 instituciones educativas totalmente terminadas y puestas en
funcionamiento, lo cual pone en evidencia situaciones recurrentes que han impedido el avance y culminación efectiva de otros proyectos.
De esta forma, advierte la Contraloría, se genera afectación a 3.245.455 habitantes de las diferentes regiones del país en donde se desarrollan los restantes proyectos, que a inicios del año lectivo, no cuentan con la infraestructura que garantice un proceso educativo en ambientes con las elementales condiciones de higiene (agua potable y saneamiento básico), funcionalidad (energía eléctrica), accesibilidad (rampas y ascensores, andenes, vías internas y de acceso) y seguridad (cerramientos, cumplimiento de normas técnicas de seguridad escolar y de prevención de riesgos), necesarias para la efectiva puesta en funcionamiento de las instituciones educativas.
Igualmente, es inminente el riesgo de pérdida de recursos públicos y la afectación negativa de bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública, no solo por los atrasos en la entrega de las obras, sino por el potencial recibo de infraestructura no funcional por falta de obras complementarias, y/o el deterioro derivado de la falta de mantenimiento de las estructuras construidas, por un valor de 97.049 millones de pesos.