La estampilla “Pro-Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales” es una contribución parafiscal con destinación específica para el fortalecimiento de las 32 universidades Públicas
Un daño patrimonial por $44.583.151.204 determinó la Contraloría General de la República al finalizar una Auditoría de Cumplimiento sobre la administración, fiscalización y cobro coactivo de la contribución parafiscal denominada “Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales de Colombia”.
Para la Contraloría, el cumplimiento de la normativa aplicable en la DIAN y el Ministerio de Educación Nacional para este tema no resulta conforme en todos los aspectos significativos frente a los criterios aplicados, razón por la cual se emitió un concepto de INCUMPLIMIENTO MATERIAL ADVERSO.
Dicho concepto se fundamenta en los hallazgos contenidos en el informe de auditoría realizado por la Contraloría Delegada para el Sector Gestión Pública e Instituciones Financieras, los cuales se refieren a deficiencias como las siguientes: *Deficiencias en la supervisión del recaudo de la contribución por parte del Ministerio de Educación Nacional, por cuanto se evidenció que algunos agentes retenedores no efectuaron la retención de manera oportuna y en consecuencia no se adelantaron acciones de fiscalización y cobro.
Se advierten inconsistencias en la aplicación del artículo 8 de la Ley 1697 del 2013, por parte de los agentes retenedores, quienes aplicaron la tarifa de manera errada sin que el Ministerio ejerciera la oportuna verificación de las sumas dejadas de recaudar.
*Se observan debilidades en los procesos de fiscalización, debido a que se evidenció que se utilizó más de una tarifa para realizar el cálculo del valor presunto por trasladar, aun cuando el Ministerio de Educación Nacional y la DIAN contaban con información amplia y suficiente para identificar el valor de cada uno de los contratos sujetos de retención.
*En cuanto a la gestión del proceso de administración, fiscalización y cobranzas de la contribución de la estampilla, con corte a 30 de junio de 2022, se evidenciaron deficiencias en la supervisión y fiscalización del recaudo de la contribución, así como una inoportuna verificación por parte del Ministerio de Educación Nacional de las tarifas aplicadas por los agentes retenedores y debilidades en los procesos de fiscalización por parte de la DIAN.
*Para llevar a cabo el proceso de fiscalización, la DIAN cuenta con un periodo de cinco años, contados a partir de la fecha en que el agente retenedor tenía que cumplir con la obligación de trasladar los recursos al Fondo Nacional de las Universidades Estatales de Colombia.