Demandan reparación integral a familias del Resguardo Indígena Pueblo Viejo Santa Rita en el sur del Tolima

El equipo de Asuntos Étnicos local caracteriza las afectaciones territoriales que han sufrido 51 familias del pueblo Pijao pertenecientes al resguardo.

Como parte del cumplimiento del Auto 004 de 2020 de la Corte Constitucional y en desarrollo del Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) para el municipio de Ataco, la Dirección Territorial de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en Tolima, en concreto su equipo de Asuntos Étnicos, adelanta el proceso de caracterización de afectaciones territoriales en el Resguardo Indígena Pueblo Viejo Santa Rita La Mina, ubicado en la vereda El Viso.

El proceso de caracterización implica un paso previo de acuñación de material probatorio que llevaría a la elaboración de una demanda. Con ella se busca ampliar el resguardo en por lo menos 90 hectáreas, beneficiando a 51 familias del pueblo Pijao, conformadas por 238 personas. Esta comunidad ha sido víctima del conflicto armado durante décadas, soportando abandono, confinamiento, amenazas, homicidios y otras graves violaciones a sus derechos por parte de actores armados ilegales.

“Con este proceso, buscamos que el Gobierno actual repare de manera integral a la comunidad indígena Pueblo Viejo Santa Rita La Mina, quienes durante años han buscado una solución a sus problemáticas sociales y territoriales. Esperamos que la culminación del proceso de restitución de derechos territoriales al resguardo les permita vivir en paz y con dignidad”, afirmó el director territorial de la URT en Tolima, Héctor Canal.

La Dirección de Asuntos Étnicos (DAE) trabaja en Tolima en conjunto con la comunidad indígena, autoridades locales y entidades del orden nacional para garantizar el desarrollo adecuado del proceso de caracterización y ampliación del resguardo. Se espera que en los próximos meses se culmine la fase de caracterización y se inicie el proceso de ampliación del territorio ancestral del pueblo Pijao.

Este proceso se suma a los esfuerzos del Gobierno Nacional por garantizar los derechos territoriales de las comunidades indígenas en Colombia, como parte del proceso de construcción de paz y reconciliación.