Entrega de tierras a campesinos, delitos ambientales, desarrollo alternativo, interdicción y lavado de activos son algunos de los nuevos enfoques de la política antidrogas de Colombia y Estados Unidos, desde el inicio del mandato del presidente Gustavo Petro. Así lo resaltaron altos funcionarios del Departamento de Estado en una audiencia ante el Congreso de EE.UU. en Washington.
“Tradicionalmente Estados Unidos y Colombia han tenido una excelente relación en seguridad; esa relación todavía continúa. El nuevo gobierno de Petro quiere ir en una dirección diferente en temas como la erradicación”.
Así lo destacó el subsecretario de Estado para Asuntos de Narcotráfico Internacional de Estados Unidos, Todd Robinson, durante una audiencia ante el Subcomité para el Hemisferio Occidental de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, en la que se analizó el tema de las prioridades presupuestales para el 2024.
“Dicho esto –subrayó Robinson–, ellos continúan trabajando con nosotros en el tema de interdicción, en la estrategia de seguridad, en nuevos enfoques de nuestra estrategia, como perseguir los delitos ambientales”.
El alto funcionario señaló: “Nosotros estamos trabajando con nuestros aliados de USAID en entrega de títulos de tierras a colombianos que nunca antes han tenido tierra. Seguimos teniendo un compromiso integral de seguridad y desarrollo con Colombia, que se ha convertido en un proveedor de seguridad no solo en la región sino global”.
En la audiencia, la Oficina de Asuntos Internacionales y de Narcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos solicitó 160 millones de dólares para Colombia y 41,3 millones para Perú, recursos del presupuesto de 2024 que apoyarán una variedad de áreas estratégicas para incrementar la seguridad y reducir la criminalidad.
Estas áreas incluyen: promover la seguridad, justicia y desarrollo rural, lucha contra la corrupción, y prevenir, detectar y combatir el lavado de dinero y otros delitos financieros para privar a las organizaciones criminales transnacionales de las ganancias del narcotráfico.
Colombia y Estados Unidos siguen “trabajando en muchas áreas como interdicción, seguridad regional y crímenes ambientales”, enfatizó Robinson.
El subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, que participó en la audiencia, indicó que mantener la ayuda a Colombia era “vital” y que su gobierno está dialogando con el Congreso de EE.UU. para demostrar cómo esos recursos no solo sirven a Colombia sino a Estados Unidos, “pues todos nos beneficiamos con una Colombia estable y democrática”.
La audiencia del Congreso de EE.UU. en Washington coincide con la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas, que se desarrolla en Cali, con el liderazgo de los presidentes de Colombia, Gustavo Petro Urrego, y México, Andrés Manuel López Obrador, y la participación de delegaciones de 33 países del hemisferio, incluidas organizaciones internacionales y no gubernamentales, expertos y miembros de la sociedad civil.
La Conferencia en Cali busca impulsar un nuevo modelo de lucha contra las drogas, donde el ser humano, la protección el medio ambiente, el respeto por los derechos humanos y el bienestar de la población sean la prioridad.