Los capturados son señalados presuntos responsables de cometer homicidios selectivos en la ciudad de El Espinal.
La Fiscalía logró la judicialización de 7 personas señaladas de estar al servicio de una organización delincuencial dedicada a cometer homicidios selectivos en su mayoría por la disputa y el control territorial por el tráfico de sustancias ilícitas en el municipio tolimense de El Espinal y aledaños.
El despacho de la Unidad de Vida a cargo del caso, logró la conexidad de 12 noticias criminales durante el desarrollo de esta investigación. Los procesados harían parte de una empresa delincuencial en la cual estarían participando desde enero de 2021 a la fecha, dos funcionarios activos del CTI.
Se presume que, usaron sus funciones como policía judicial y expertos para evitar la judicialización de los integrantes de este grupo al cual el ente acusador le señala de la comisión de por lo menos 11 homicidios y tres tentativas de homicidio.
Los procesados fueron identificados como: Daniel Eduardo Torres Vargas, alias de Chivo; Jhonatan Javier Barrero Páez, alias Yoyo; Edgar Fernando Campos Troncoso, alias Lele; Carlos Alberto Toque, alias Gárgola; José Reinaldo Salazar Benavides, alias Cheo. Y los funcionarios de la Fiscalía Ferney Martínez Palma y Fabio Alberto Aguirre Bedoya.
Los delitos imputados según sus responsabilidades individuales fueron: Concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego agravado.
En el caso de los funcionarios, fueron señalados de fraude procesal en concurso con falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.
El grupo delictivo en cabeza de un hombre conocido como alias Caloche, se estaría dedicando a la comisión de diferentes conductas punibles, entre ellas la ejecución de varios homicidios selectivos mediante el uso de armas de fuego; la mayoría de ellos relacionados con la venta de estupefacientes en el señalado municipio.
El ente acusador cuenta con el suficiente material probatorio y evidencia física como búsquedas selectivas en bases de datos, interceptaciones telefónicas, entre otros, que dejarían en evidencia el actuar ilícito de los detenidos.