Es el grupo al que el Gobierno le ha dado status político más pequeño y se estima que tienen entre 1.800 y 2.000 hombres, de los cuales solo entre 1.200 y 1.300 son guerrilleros, el resto son colaboradores.
Bogotá (EFE).- El Gobierno de Colombia va a instalar este lunes en Caracas la mesa de diálogo con la Segunda Marquetalia, una disidencia de las FARC formada por exguerrilleros que abandonaron el acuerdo de paz de 2016 y que ahora quieren volver a negociar una salida del conflicto que les convenza.
Este grupo, liderado por Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’, quien fue negociador de las FARC para el acuerdo de 2016, volverá a sentarse a una mesa de negociación en unos diálogos que llegan después de que se aprobara la ley de paz total para permitir la renegociación con quienes se salieron del acuerdo.
Segunda Marquetalia
La Segunda Marquetalia, que toma el nombre del lugar donde nacieron las FARC en 1964, fue creada en 2019 cuando Márquez y otro de los negociadores del acuerdo, ‘Jesús Santrich’ (que murió en 2021 en un fuego cruzado en Venezuela) decidieron volver a la clandestinidad.
No tienen intención de atacar directamente al Estado, como otros grupos, y su objetivo es el control territorial para lo cual tienen un conflicto abierto, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, con la otra disidencia de las FARC, el Estado Mayor Central (EMC).
A los jefes de la Segunda Marquetalia, con un bagaje político profundo, se les ha unido una amalgama de personas con intereses más variados, como los Comandos de la Frontera, que actúan en los límites con Ecuador, y cuyo único interés está en las economías ilícitas de esa porosa región.
En todo caso, es el grupo con menos presencia territorial, que se limita a los departamentos de Nariño y Putumayo, aunque está presente en más de 60 municipios del país.
El “entrampamiento”
Los de Márquez alegan que hubo un “entrampamiento” de la paz de 2016 y una persecución a él y a ‘Santrich’ por parte de la Justicia, con cargos falsos después de que firmaran la paz, y el Gobierno argumenta, para volver a negociar, que el Estado pudo no haber cumplido su parte del acuerdo.
“Eso ha sido una desgracia nacional. El sector que representa Iván Márquez dejó la paz, pero el Estado colombiano tiene unos estándares de incumplimientos bajísimos”, explica a EFE la subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, Laura Bonilla.
Y continúa con un ejemplo: “De 34.000 iniciativas que se deben implementar para transformar los territorios, un porcentaje muy bajo están en estructuración; pasamos ocho años estructurando proyectos del tamaño de una escuelita o un puente”.
Por eso, el que será el tercer proceso de paz en simultáneo que lleva el Gobierno de Gustavo Petro comienza con gran controversia y se presenta “muy complejo”, según Bonilla.