14 personas fueron capturadas y judicializadas, entre ellas alias La Mona, quien tendría vínculos con el ELN en el oriente del país; además de empresarios y administradores de empresas dedicadas al procesamiento y comercialización de crudo.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, y en articulación con la Policía Nacional, puso en evidencia a tres
redes delictivas que harían parte de un entramado ilegal involucrado en la extracción, refinamiento, comercialización y transporte de hidrocarburos.
Inicialmente, en Girón y Barrancabermeja (Santander), fueron capturados cinco presuntos integrantes de una organización señalada de apoderarse del crudo mediante la instalación de válvulas al oleoducto Caño Limón – Coveñas, en Tibú (Norte de Santander); y coordinar el traslado en vehículos cisterna, los cuales transitaban con guías y manifiestos de carga falsos.
Entre los detenidos está Albaneris Pérez Garavis, alias La Patrona o La Mona, quien sería la encargada de financiar toda la actividad ilegal y de proveer altas sumas de dinero a las
estructuras del ELN que tienen injerencia en la región. Los demás son conductores que estarían involucrados en distintos eventos en los que llevaron combustible hurtado de Norte
de Santander a Cundinamarca y otros departamentos del país.
Estas cinco personas, según el posible rol ejercido, fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado; apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan; y receptación. Adicionalmente, a alias La Mona le fue imputado el delito de financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia
organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada.
Otro de los eslabones de la cadena criminal está conformado por varias empresas que, desde 2021 hasta mediados de mayo último, habrían utilizado personerías jurídicas, permisos
otorgados por el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Medio Ambiente y las cámaras de comercio para crear y mantener actividades comerciales relacionadas con la instalación de las plataformas de extracción del crudo, el desarrollo de sistemas de almacenamiento y refinación, y la comercialización de hidrocarburos.
Según los elementos de prueba, estas empresas tendrían vínculos estrechos con las otras redes delictivas y, al parecer, servían para dar apariencia de legalidad al combustible obtenido irregularmente del oleoducto Caño Limón – Coveñas, procesarlo y ponerlo en las costas del Caribe para comercializarlo.
De manera simultánea al proceso penal, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, en coordinación con la DIJIN de la Policía Nacional, ocupó 101 propiedades que harían parte del patrimonio ilícito de algunos de los presuntos integrantes del andamiaje ilegal de apoderamiento y comercialización de hidrocarburos.
Se trata de 9 inmuebles rurales y 15 urbanos; 37 vehículos, 7 naves, 18 sociedades y 15 establecimientos de comercio, los cuales fueron afectados con medidas cautelares de
suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión.
Los predios, avaluados en más de 1,3 billones de pesos, están ubicados en Barranquilla y Galapa (Atlántico); Chivatá (Boyacá), Cartagena (Bolívar); Flandes, Espinal y Lérida (Tolima); Chía y Madrid (Cundinamarca); Barrancabermeja y Bucaramanga (Santander), Buenaventura (Valle del Cauca) y Bogotá. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) será la encargada de administrar estos bienes.