Fiscalía imputa a gerente de la Loteria del Tolima Victoria Castillo por pedir comision a un contratista que vinculo a la Lotería de Bogota

Nidia Victoria Castillo fue imputada por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos y concusión.

En lios judiciales se encuentra la actual gerente de la Loteria del Tolima, Victoria Castillo, quien acaba de ser imputada por la Fiscalía por varios delitos, entre ellos, solicitar y cobrar comision a un contratista que ella vinculó cuando era funcionaria de la Loteria de Bogotá

La investigacion divulgada por el periodista Ivan serrano, del portal CAMBIO, señala que cuando Nidia Victoria Castillo se desempeñaba como subgerente de la Lotería de Bogotá, le exigia y cobraba comisión a una empleada a quien ella ayudó a enganchar en esa empresa.

Los hechos se remontan a 2016 cuando la señora Castillo vinculó a una jóven practicante de Ibagué en la empresa capitalina, a quien ayudó con un contrato de prestación de servicios por valor de 3 millones de pesos mensuales, de los cuales la beneficiada debía participarle 500 mil pesos mensuales como reconocimiento por haberle conseguido el trabajo. Sobre esa situación la Fiscalía tiene registro de consignaciones entre agosto de 2017 y abril de 2018.

De otra parte, Nidia Victoria Castillo González, representante legal para el momento de los hechos, de la Corporación de Gestión Solidaria para el Desarrollo Social y el Manejo Ambiental, fue imputada por la Fiscalía por peculado por apropiación, junto al ex alcalde de Ataco, Helver González Mora por irregularidades en convenio para la construcción de la planta de sacrificio del municipio

Según el ente acusador, los hoy procesados participaron en la celebración de un convenio de cooperación técnica N° 11 del año 2007, cuyo objeto contractual era la construcción de la planta de sacrificio del municipio tolimense, por un valor de $377.902.202, en el cual los peritos del grupo anticorrupción del CTI encontraron sendas irregularidades.

Entre ellas se encuentra que este convenio celebrado en noviembre del año en mención se realizó, según el ente acusador, sin contar con el permiso sanitario ni la viabilidad del tipo de proyecto de acuerdo al uso del suelo ni de viabilidad ambiental de la autoridad en del departamento, Cortolima, incumpliendo así la etapa de planeación.

Se debió haber hecho licitación pública para la ejecución del contrato y no un convenio, ya que se superaba la menor cuantía. Se hicieron anticipos a la contratista, dinero que salió de la cuenta que se creó a nombre del municipio para la ejecución de dicho convenio y desde la cual no se permitía se hicieran traslados a otras cuentas, constituyéndose así en un peculado.