Los representantes de dos empresas aceptaron haber evadido sus responsabilidades fiscales y restituirán los dineros comprometidos. A los dos procesados les fueron ocupados con fines de extinción de dominio 22 bienes, avaluados en más de 135.530 millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, puso al descubierto la modalidad mediante la cual dos compañías ferreteras habrían defraudado al Estado en cerca de 8.000 millones de pesos, apropiándose del IVA recaudado y disminuyendo la base gravable del impuesto de renta.
Los representantes legales de las referidas empresas, al parecer, compraron facturas falsas durante 12 años para simular la adquisición de bienes y servicios por más de 18.370 millones de pesos. De esta manera, evadieron el pago de sus obligaciones ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
La contundencia del material probatorio fue determinante para que los directivos de las dos compañías suscribieran un preacuerdo con la Fiscalía y aceptaran su responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. Adicionalmente, en la negociación judicial se comprometieron a reintegrar a la DIAN algo más de 4.511 y 3.410 millones de pesos,
respectivamente. Estos dineros corresponderían al enriquecimiento ilícito producto de dicha actividad delictiva.
Estas acciones hacen parte de una macroinvestigación en contra de 1.777 empresas legalmente constituidas que simularon operaciones de comercio por casi 1,5 billones de pesos para defraudar al Estado. Las indagaciones al respecto continúan.
Desde su creación, en 2021, la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales evidenció cómo reconocidas sociedades recurrieron a la compra de facturas falsas para soportar la compra y venta bienes y servicios inexistentes. De esta manera, afectaron el erario.
Las investigaciones indican que, con esta maniobra, 3.700 empresas y personas naturales vendrían apropiándose del IVA que deben entregarle a la DIAN. Además, se han beneficiado con la disminución de la base gravable del impuesto de renta. En dos casos fue posible establecer que fueron simuladas operaciones de comercio por más de 2.2 billones de pesos. Esto generó una defraudación cercana a los 900.000 millones de pesos.
Dos representantes legales, revisores fiscales e intermediarios de reconocidas empresas de distintos sectores de la economía hacen parte de las 25 personas judicializadas hasta el momento como posibles responsables de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir agravado, lavado de activos y falsedad ideológica en documento privado, entre otros. Por hechos similares la Fiscalía investiga a 112 presuntos comparadores de facturas falsas.
En Bogotá y Mariquita (Tolima), en un trabajo conjunto de la Fiscalía y la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), fueron ocupados 22 bienes, avaluados en más de 135.530 millones de
pesos, que pertenecerían a los dos representantes de las empresas ferreteras que aceptaron su participación en el entramado ilegal de defraudación.
Fiscales de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio establecieron que las dos compañías no ejercieron el objeto social, no contaban con la infraestructura ni con el personal para realizar las actividades registradas ante las cámaras de comercio y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Adicionalmente, hay evidencia de que el patrimonio constituido por los representantes tendría un origen ilícito. En ese sentido, fueron afectados con medidas cautelares 10
inmuebles urbanos y 3 rurales, 3 sociedades y 6 establecimientos de comercio. Las propiedades afectadas quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
