Las propiedades pertenecerían a los señalados involucrados en casos como ‘El carrusel de las pensiones’, irregularidades de contratación en el Plan de Alimentación Escolar y desviación de recursos del sector salud.
Como parte de una ofensiva nacional para afectar el patrimonio de los presuntos responsables en hechos de corrupción, ocho fiscales de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, con el apoyo de personal del CTI y unidades del Ejército Nacional, ocuparon 184 bienes avaluados en algo más de 69.000 millones de pesos.
Las diligencias se realizaron durante la última semana en Bogotá; Santa Marta y Gaira (Magdalena), Quibdó (Chocó), Neiva (Huila), Cartagena (Bolívar), Tunja, (Boyacá), Restrepo y Villavicencio (Meta), Pasto y Tumaco (Nariño), Bucaramanga y Barrancabermeja (Santander), Melgar (Tolima), Cali (Valle del Cauca), Valledupar y San Marcos (Cesar), Maicao y Fonseca (Guajira); Ricaurte, Funza, La Calera, Chía y Cajicá (Cundinamarca); Sabaneta, Bello y Rionegro (Antioquia); Soledad, Juan de Acosta y Barranquilla (Atlántico).
Las propiedades afectadas con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión son 137 inmuebles, 1 sociedad, 3 establecimientos de comercio, 38 vehículos y 5 cuentas bancarias.
Todos los activos fueron afectados con medidas cautelares con fines de extinción de dominio, en el entendido de que habrían sido adquiridos con dineros producto de actos de corrupción o pertenecería a los principales implicados en casos de desviación de recursos de la salud, pensiones, educación y Plan de Alimentación Escolar (PAE), entre otros sectores.
“Estas acciones estuvieron dirigidas a afectar el patrimonio de servidores públicos, contratistas, particulares; que estuvieron involucrados en irregularidades de todo tipo afectando el derecho a la salud de los colombianos, el derecho a la educación de los colombianos”, señaló el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado al pronunciarse sobre el tema.
“Todos estos bienes quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración y pretendemos además que con estas acciones se incremente el número de bienes para que puedan ser monetizados, y puedan ser utilizados rápidamente por parte del Gobierno Nacional en la mejora de las condiciones de vida de todos los colombianos. La Fiscalía entrega recursos de la mafia y de los delincuentes a los colombianos, y seguimos hablando con resultados contundentes en el país”, concluyó el Fiscal General de la Nación.