Según la funcionaria, se presentó un vicio insubsanable de relevancia constitucional que afectó el principio democrático.
La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, solicitó a la Corte Constitucional declarar inexequible la totalidad de la Reforma Pensional (Ley 2381 de 2024), al considerar que en la plenaria de la Cámara de Representantes se eludió el debate sobre la iniciativa al adoptarse, sin deliberación, el texto previamente aprobado por el Senado.
En un concepto enviado al alto tribunal, la jefe del Ministerio Público advirtió que, en la sesión del 14 de junio pasado, ante una proposición presentada de manera repentina por la bancada de Gobierno, la Plenaria de la Cámara suspendió la discusión detallada que venía adelantando y aprobó apresuradamente la propuesta de acoger el texto del Senado adoptado en segundo debate.
Según la Procuradora, aunque se habían introducido más de 60 modificaciones respecto al texto original del Senado y existían más de 500 propuestas de ajuste presentadas por las distintas bancadas, la Mesa Directiva de la Cámara dispuso que los congresistas votaran la reforma en bloque, sin la posibilidad de debatir individualmente cada uno de los 95 artículos. Este proceder, “cercenó la posibilidad de sus miembros de discutir sobre el contenido de los 95 artículos de la iniciativa”.
Además, destacó que la intempestiva presentación de la proposición para adoptar el texto del Senado impidió que los congresistas tuvieran el tiempo suficiente para consultar y analizar de forma racional las disposiciones que serían objeto de deliberación, lo que comprometió la seriedad y transparencia del proceso legislativo.
La Procuradora también subrayó que las limitaciones de tiempo para intervenir (dos minutos por vocero de cada partido político), sumadas a la presión para votar rápidamente, impidieron una deliberación adecuada, especialmente en un tema tan complejo y técnico como el sistema pensional, que afecta directamente los derechos fundamentales de la población.
Asimismo, cuestionó la negativa de la Mesa Directiva de ampliar el tiempo para la deliberación y la falta de disposición para escuchar a la oposición. Aunque varios congresistas solicitaron un mayor espacio para discutir la reforma, se desestimaron esas solicitudes y se cerró el debate de manera prematura, afectando el principio democrático, que exige una discusión abierta y plural.
La Procuradora destacó que, aunque en la propuesta de acoger el texto aprobado por el Senado se incluyeron una serie de afirmaciones dirigidas a justificar la rápida deliberación, “en la práctica no existieron las condiciones mínimas para adelantar una discusión rigurosa, meditada y democrática de la iniciativa en la plenaria de la Cámara de Representantes”.
En ese contexto, recalcó que los debates realizados tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Representantes tienen el mismo peso en el proceso de aprobación de los proyectos de ley, por lo que ninguno de ellos puede ser eludido. En efecto, cada uno debe llevarse a cabo, ya que ello asegura el cumplimiento de la ‘consecutividad’ que ordena nuestra Carta Política (artículo 157).
Por lo anterior, la jefe del Ministerio Público solicitó a la Corte Constitucional declarar la inexequibilidad de la ley en su totalidad, porque se configuró un vicio que la jurisprudencia constitucional ha considerado insubsanable, al afectar un elemento estructural del trámite legislativo, que es la deliberación en cada cámara.