Al parecer, la actual y cuatro exsecretarios de Ambiente y Gestión del Riesgo habrían incumplido una decisión judicial que buscaba garantizar la salubridad de los habitantes de la vereda Chucuní.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra la secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo de Ibagué, Jessica Lucila Salcedo Perdomo, por el presunto desacato de una decisión judicial del 2018 que ordenó el saneamiento de fuentes hídricas de la vereda Chucuní, ubicada en zona rural de Ibagué.
La decisión disciplinaria también vinculó a César Augusto Gutiérrez Barreto, Soledad Orozco Zea, Carmen Sofía Bonilla Martínez y Camilo Andrés Martínez Romero, quienes fungieron en propiedad y en encargo como secretarios de Ambiente y Gestión del Riesgo de Ibagué, durante la anterior administración.
El ente de control establecerá si los funcionarios acataron la orden impuesta al municipio por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Ibagué, entre otras, consistente en adelantar los estudios, diseños y la construcción del alcantarillado pluvial y de aguas residuales domésticas, así como de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas, sin exceder el plazo de 20 meses.
Los hechos que motivaron la apertura de esta investigación están relacionados con una acción popular promovida por la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria del Tolima, para proteger los derechos e intereses colectivos de los habitantes de la vereda Chucuní.
Con el fin de establecer la ocurrencia de conductas posiblemente irregulares y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad, el Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas. Asimismo, informó a los sujetos procesales los beneficios de la confesión o aceptación de cargos.