Procuraduría le haló orejas a la secretaría de educación del Tolima por demoras en reconocimiento de cesantías a docentes

El titular de esa cartera deberá informar sobre el trámite efectuado para el pago de cesantías parciales y/o definitivas.

La Procuraduría General de la Nación requirió información detallada a 12 secretarías de educación del país sobre las acciones adelantadas frente a los trámites de reconocimiento de cesantías a docentes que presentan más de 70 días sin solución de fondo.

El ente de control advirtió a las secretarias de educación de los departamentos de Tolima, Boyacá, Valle del Cauca, Magdalena, Bolívar, Córdoba, Putumayo, Cundinamarca y la Guajira y de las ciudades de Santa Marta, Uribia y Popayán sobre los posibles riesgos de tipo jurídico y presupuestal que se podrían generar por demandas ante el no pago oportuno de estas prestaciones económicas y la consecuente condena por sanción por mora.

Al respecto, la Procuraduría recordó que “en caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas”.

Ante esta situación la Primera Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública solicitó a los titulares de estos organismos información sobre el trámite efectuado para expedir el acto administrativo de pago de cesantías parciales y/o definitivas a los docentes que las han solicitado.

Las secretarías requeridas también deberán informar, en los casos en que los pagos hayan sido reconocidos, la fecha probable de pago por parte de la fiduciaria que administra los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).

Por último, la Procuraduría anunció que continuará adelantando vigilancia preventiva a las solicitudes de cesantías tramitadas extemporáneamente y a la implementación del Sistema de Información Humano, herramienta en línea implementada para, entre otros aspectos, minimizar las demoras en el reconocimiento de esta prestación de los docentes del magisterio.