En Ibagué prestan el servicio del agua al menos 36 acueductos en la zona urbana y 37 en la zona rural.
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Alcaldía de Ibagué, a la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL) y a Cortolima promover las acciones correspondientes contra los “acueductos comunitarios” de Ibagué, urbanos y rurales, que incumplen la normatividad en materia de agua potable y manejo adecuado de las aguas residuales.
A través de 13 comunicaciones, el órgano de control demandó acciones para que en estos casos se cumpla la norma de vertimientos y se adelanten las gestiones para construir y poner en funcionamiento las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), presenten e implementen los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y paguen la Tasa Retributiva por Vertimientos (TRV).
En ese sentido, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué requirió al alcalde de ese municipio, a IBAL y a Cortolima informar sobre el cumplimiento del pago de la TRV y qué acciones han adelantado frente a los omisos. También solicitó especificar el monto que se ha transferido desde 2019 a estos acueductos comunitarios de Ibagué, tanto de la zona urbana como en la rural, por concepto de subsidios al servicio de alcantarillado.
De otra parte, en desarrollo de esta acción de seguimiento, el ente de control pidió a dicha Corporación información sobre: la vigencia de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Sector Urbano y Rural; el vertimiento de aguas servidas a las redes del IBAL por parte de los acueductos comunitarios, mediante conexiones irregulares, y las actuaciones sancionatorias o judiciales en contra de estos por la contaminación generada por las aguas residuales de sus usuarios, entre otros aspectos.
Los requeridos deberán allegar un informe detallado de las acciones adelantadas para dar cumplimiento a lo solicitado por la Procuraduría dentro de la acción preventiva de seguimiento a los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en Ibagué.