Los alcaldes deben enviar datos puntuales sobre los contratos celebrados, monto asignado, y número de niños, niñas y adolescentes que se beneficiarán en esta vigencia, entre otros.
En comunicación dirigida a 12 alcaldes municipales del Tolima, la Procuraduría General de la Nación solicitó un informe pormenorizado sobre la prestación del servicio de transporte escolar en las respectivas instituciones educativas, para el calendario 2023.
Los destinatarios del oficio enviado por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué son los mandatarios de Alvarado, Anzoátegui, Cajamarca, Ibagué, Piedras, Roncesvalles, Rovira, San Luis, Santa Isabel, Suárez, Valle de San Juan y Venadillo.
Los alcaldes deben informar si las gestiones adelantadas garantizaron el suministro del transporte desde el inicio de las clases, el monto total asignado para la prestación del servicio, el número de niños, niñas y adolescentes que se beneficiarán en esta vigencia.
Así mismo, la Entidad requirió incluir una relación de los contratos celebrados, la modalidad de cada uno de ellos y el número de días y valores contratados, indicando si cubren la totalidad del calendario escolar 2023.
También les pidió remitir un listado de los operadores y vehículos que prestan el servicio, así como las rutas y la documentación que se les exige e indicando si existen instituciones o sedes educativas sin concertar operador, identificando cuáles son y las razones de esta situación.
En los casos en que alguna institución o sede educativa no cuente con este servicio, los exhortó a adelantar de manera inmediata las acciones necesarias para garantizarles el transporte escolar, según lo establecido en la Constitución y la ley.
Por último, solicitó precisar cuántos niños y niñas se encuentran aún sin cobertura de transporte, y les recordó que deben presentar oportunamente los informes bimestrales a los órganos de control, en los casos en que la contratación de este servicio se haya efectuado en zonas de difícil acceso.
A través de esta actuación preventiva, la Procuraduría busca garantizar el transporte escolar como condición indispensable para asegurar la efectividad y acceso material del derecho fundamental a la educación de niños, niñas y adolescentes de la capital tolimense.