La decisión del Ministerio Pública afecta a los sancionados con suspensión temporal de los cargos
En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con seis y cinco meses de suspensión, respectivamente, al exsuperintendente delegado de Tránsito y Transporte, Daniel Ortega Dávila, y al secretario general de la entidad, Nelson Miguel Jaime Olaya.
La decisión se sustenta en el hecho, que, según la Procuraduría, los dos funcionarios celebraron un contrato de asistencia profesional y técnica con la Universidad del Tolima, suscrito por $2.982.500 millones, sin haber realizado los estudios previos correspondientes.
El Ministerio Público señaló que la Universidad no tenía la capacidad e idoneidad necesaria para desarrollar el objeto contratado y, la modalidad de selección desatendió las exigencias legales que debieron tenerse en cuenta.
La Procuraduría calificó la conducta de los disciplinados como falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.