El Concejal Rubén Darío Correa concluyó que el solo detrimento patrimonial y la Responsabilidad Fiscal en que habrían incurrido los funcionarios supera los $2 mil 200 millones de pesos.
El debate de control político adelantado por la plenaria del Concejo municipal de Ibagué sobre presuntas responsabilidades de la Administración de Gobierno en el fallido Jamming Festival, dejó varias conclusiones que resumió uno de los concejales citantes de la bancada de oposición, Rubén Darío Correa.
Al realizar la trazabilidad de cada uno de los hechos y actos administrativos posteriores, se puede interpretar la decidida y desmedida promoción que los funcionarios de la Alcaldía realizaron desde el 23 de noviembre de 2023 como un acto de publicidad al anunciar un mega evento con 94 artistas que NO se presentaron, y que constituyeron al final un entrampamiento para 150 mil espectadores.
Para esa fecha de promoción institucional del concierto Jaming Festival, noviembre de 2021 NO existía contrato de arrendamiento con el sitio Playa Hawai, NO había ni siquiera solicitud de permiso por parte del organizador, pero sí por el contrario se comenzaron a vender miles de boletas a razón de $200.000 unidad ($170.000 de ingreso y $30.000 de comisión de servicio de venta), como lo prueba la Factura Boleta de Venta No.09826, de fecha 12 de diciembre de 2021, aportada por un asistente defraudado. Como esa, se lograron recolectar innumerables evidencias.
Según se detalla en el certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá, el señor Alejandro Casallas empresario del evento, solo cuenta con un capital de $10.000.000 y su empresa BUENA VIBRA EVENTOS EU es determinada por el DANE como “pequeña”. Aun así, terminó manejando un negocio de más de $30 mil millones de pesos..
El 01 de febrero de 2022 se realizó solicitud de sellamiento de la boletería por parte del empresario, quien declaró que vendería 130 mil boletas a razón de $130 mil pesos para una recaudación total de $16 mil 900 millones de pesos. Sin embargo, este trámite se llevó a cabo, de manera inexplicable sin llenar los requisitos legales, violando nuevamente el decreto 008 de 2003, artículo cuarto, que señala que “La orden de sellamiento será expedida siempre y cuando el empresario y/o organizador cumpla con el lleno de los requisitos exigidos. De igual manera sin el acta de sellamiento expedida por la Dirección de Gestión de Ingresos no será otorgado el debido permiso”. El director de espacio público de la Alcaldía de Ibagué, mediante memorando 9661 del 1 de febrero del 2022, solicita el sellamiento de la boletería, sin que se hubiese cumplido el lleno de requisitos. Flagrante transgresión legal.
El 4 de marzo de 2022, la Alcaldía de Ibagué aceptó que el señor Alejandro Casallas volviera a violar de manera GRAVE el decreto 008 de 2003 al NO presentar la copia de los contratos de más de 94 artistas anunciados en el cartel Jamming Festival y por el contrario le aceptó una simple certificación firmada solo por el mismo empresario donde Casallas dijo simplemente que presentaría las bandas musicales y que los contratos y demás reposaban en sus oficinas en Bogotá
Con esta actuación, los funcionarios de la Alcaldía abrieron la puerta para la millonaria estafa. Es decir, la Administración Municipal jamás tuvo la copia de los contratos de los artistas que garantizara de alguna manera la certeza de su presentación. En esa ‘autocertificación’ el empresario NO habló de ‘confidencialidad’. Es el secretario de Gobierno el que expresó en el Concejo que el empresario alegó esta figura para no presentar copia de los contratos. Pero se reitera, en la certificación presentada NO lo dijo.