REGION

Alba Lucía García en el centro de una denuncia por intimidar funcionarios de la ANT, para que cedieran sus contratos

La Exsecretaria de Desarrollo Económico de Ibagué citó a los denunciantes a una reunión en la que les exigió le entregaran los teléfonos móviles, luego de lo cual les solicitó que cedieran sus contratos

Una grave denuncia se conoció en las últimas horas contra la exfuncionaria de la Alcaldía de Andrés Hurtado, Alba Lucía García, quien presuntamente convocó una reunión con algunos funcionarios adscritos a la Agencia Nacional de Tierras, ANT, a quienes les exigieron entregar sus teléfonos móviles para poder estar presentes en la misma.

Según Paula Recalde, una de las citadas a la reunión, al ingreso de la misma en la sede de la entidad en Bogotá, les pidieron entregar sus teléfonos móviles o de lo contrario no podrían estar presentes en la misma, a lo cual se opusieron los convocados, quienes sin embargo accedieron a entregar sus aparatos para conocer el motivo de la citación.

Tremensa sorpresa se llevaron, cuando la señora Alba Lucía García en compañía de Juan Manuel Noguera, no solo les retuvieron sus equipos móviles sino que les pidieron abiertamente que cedieran los contratos de que gozan actualmente. La reacción no se hizo esperar y los contratistas intimidados dijeron que eso es una irregularidad y que no cederían sus contratos, puesto que están cumpliendo con las funciones encomendadas y los tienen firmados hasta el 30 de diciembre de 2026.

Paula Recalde, quien hace pública la denuncia, cuestionó además que ese indignante hecho se haya presentado y protagonizado por la señora Alba Lucía García, quien no está vinculada a la Agencia Nacional de Tierras, sino que es apenas aspirante a ser nombrada Secretaria Ejecutiva de la entidad; y de Juan Manuel Noguera, quien tampoco tiene vínculo con esa institución, de la que está a la espera que el nuevo gobierno lo nombre Director Técnico.

La denuncia, dijo la funcionaria contratista Recalde, se elevará a otras instancias, por considerar que se trata de un hecho irregular de intimidación, para que hagan cesión o entrega de sus contratos, porque fueron suscritos en el pasado gobierno y los requieren ahora por la fuerza, para cumplir cuotas de la administración De La Espriella.

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