Lo que presenciamos el pasado 14 de octubre en las calles de Colombia no fue una jornada de marchas más; fue el renacer de la autoridad institucional y el triunfo innegable del orden democrático. Las movilizaciones transcurrieron, en su inmensa mayoría, en absoluta paz, sin el terror, la zozobra y la destrucción masiva a la que nos habían sometido los sectores radicales en los últimos años. Este éxito tiene una explicación clara y un liderazgo definido: el Decreto 1525, expedido por el presidente Abelardo de la Espriella el pasado 13 de octubre.
Esta medida presidencial actuó como un disuasivo impecable y necesario frente a los vándalos que durante tanto tiempo secuestraron la movilización ciudadana. Y su efectividad no fue mera retórica, sino una realidad operativa palpable. Aquí mismo en Ibagué, cuando un minúsculo grupo de desadaptados intentó alterar la tranquilidad y provocó enfrentamientos con nuestra valerosa Fuerza Pública, la respuesta institucional fue inmediata y sin titubeos: cuatro capturados que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Esa es la diferencia abismal con el pasado reciente. El Decreto 1525 trazó una línea roja que el país pedía a gritos: el Estado garantiza la protesta, pero aplica la ley sin temblarle la mano y no cede un solo milímetro ante el terrorismo urbano.
Las cosas hay que llamarlas por su nombre: para salir a protestar, exigir derechos y expresar inconformidad, nadie necesita esconderse detrás de una capucha. La destrucción de la infraestructura y el saqueo jamás serán un derecho. Desde el Centro Democrático siempre hemos defendido la movilización social, pero entendida desde el civismo. Nosotros hemos llenado las plazas de Colombia marchando contra las nefastas reformas de Gustavo Petro, nos movilizamos frente a la imposición de los acuerdos de La Habana y alzamos la voz en el plebiscito de Santos. En cada jornada demostramos que se puede ser oposición sin romper un solo vidrio, sin agredir a un policía y llevando como única arma nuestra bandera tricolor.
El orden que comenzamos a recuperar este 14 de octubre es exactamente la razón por la cual millones de colombianos le entregamos nuestro voto al presidente De la Espriella. El país estaba hastiado de la anarquía, de la complacencia con la «primera línea» y del apaciguamiento estatal. Esta firmeza en las calles y la captura efectiva de quienes intentan generar caos nos evoca, inevitablemente, los mejores años de nuestra historia reciente, cuando bajo el liderazgo del expresidente Álvaro Uribe Vélez y la política de Seguridad Democrática, los colombianos recuperamos la confianza y el Estado volvió a ser un escudo protector para la gente de bien.
El Tolima y Colombia celebran este nuevo rumbo. El mensaje del Gobierno Nacional ha sido entregado con contundencia: la protesta cívica es un derecho sagrado, pero el vandalismo es un delito que se castiga con todo el rigor. Se acabaron los tiempos de la debilidad institucional; con la ley en la mano, le hemos devuelto las calles a los verdaderos ciudadanos.
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