En el marco del control político que adelantan los congresistas del Pacto Histórico Laura Ahumada y Marco Hincapié, Cortolima ordenó suspender desde el 15 de octubre de 2026 la disposición final de residuos sólidos, específicamente en los sectores donde se identificaron deficiencias en el manejo de lixiviados y en piscinas de almacenamiento que no están incluidas en la licencia ambiental.
”Teníamos razón. Hoy, la propia Cortolima, a través de la Resolución 6536 de 2026 confirma la gravedad de las denuncias que hemos hecho y que documentamos, oficio tras oficio, mediante el control político en el Congreso de la República”, afirmó la senadora del Pacto Histórico, Laura Ahumada.
Así pues, la resolución recoge varias de las denuncias que habían realizado los congresistas Ahumada y Marco Hincapié, relacionados con la licencia ambiental otorgada en 2010, y en la cual no estaría incluida una parte del predio donde actualmente funcionan piscinas de oxidación.
El documento también registra deficiencias en el manejo de lixiviados, líquidos generados por la descomposición de los residuos que pueden representar un riesgo para el suelo y las fuentes hídricas; residuos expuestos, procesos erosivos y cuestionamientos sobre la operación de una piscina de almacenamiento que no estaría contemplada en la licencia ambiental.
“Esta medida no puede entenderse como una concesión o un favor de Cortolima, tampoco como una decisión aislada. Es el resultado de años de denuncias de las comunidades indígenas, de la veeduría ciudadana, de las juntas de acción comunal; así como también de nuestra presión institucional para que las autoridades actuaran. Demostramos que el control político sí sirve”, señaló el representante Marco Hincapié.
De igual modo, los congresistas del Pacto Histórico advirtieron que la medida preventiva debe estar acompañada de una respuesta coordinada de las autoridades departamentales y nacionales. Debido a que el relleno sanitario presta servicios a varios municipios del sur del Tolima, cualquier dificultad en su operación exige una solución regional que no traslade los costos ambientales y sanitarios a la población de Natagaima.
“Si la suspensión de actividades o el agotamiento de la capacidad del relleno deriva en una crisis de disposición de residuos, no se puede responsabilizar a la comunidad que denunció ni a quienes ejercieron control político. La responsabilidad debe examinarse frente a las autoridades y los operadores que tenían obligaciones de prevención, planificación y cumplimiento ambiental”, afirmó la senadora Ahumada.
Por su parte, Hincapié le exigió a Cortolima avanzar en las actuaciones sancionatorias que correspondan y mantener la medida preventiva hasta que se verifique técnicamente el cumplimiento de las condiciones exigidas.
“También le exigimos a la Gobernación del Tolima convocar de inmediato una mesa regional con los municipios usuarios, la comunidad de Natagaima y las autoridades competentes, y comprometer recursos para una solución de disposición final que no siga concentrando las cargas ambientales sobre un solo municipio”, explicó Hincapié.
Y añadió: “Exigimos que, para la actualización de la licencia ambiental, se realice la debida consulta previa con las comunidades indígenas que hacen presencia en la zona de afectación. No podemos permitir que se vuelvan a tomar decisiones sin tener en cuenta a nuestra gente, y vamos vigilar que esto se cumpla”.
De la misma manera, los congresistas del Pacto Histórico solicitarán al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Vivienda y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que acompañen la vigilancia del cumplimiento de las medidas, evalúen las alternativas de financiación para una gestión adecuada de lixiviados y contribuyan a garantizar la continuidad del servicio público de aseo sin poner en riesgo el ambiente ni la salud.
“Le pedimos nuevamente a la Contraloría y a la Procuraduría que investiguen las presuntas irregularidades en este contrato, en donde se invirtieron dineros públicos para que un privado operara el relleno”, indicó Ahumada.
Cabe destacar que la resolución contempla otorga a ESPUNAT un plazo de 90 días para tramitar la debida modificación de la licencia ambiental. Los congresistas invitaron a la comunidad a mantenerse en movilización activa y pacífica durante este periodo y comprometieron su acompañamiento y seguimiento permanente al cumplimiento de ordenado por la Resolución 6536 de 2026.
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