La investigación identificó un posible detrimento de 499 millones de pesos.

Un proyecto financiado con recursos de regalías para construir 1.170 unidades sanitarias en 47 veredas de Ataco (Tolima) dejó al descubierto un presunto entramado de corrupción que direccionó dos contratos de obra y dos de interventoría por 21.550 millones de pesos.
Las obras siguen sin terminar en este municipio, afectado durante décadas por la violencia e incluido en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Las evidencias recopiladas por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de la posible participación de funcionarios de la alcaldía municipal, un exmandatario local y contratistas.
Entre las presuntas implicadas está Adriyojana Lugo Camacho, quien hasta hace un mes fue secretaria de Planeación e Infraestructura. Esta persona habría elaborado los estudios previos de las dos interventorías para favorecer a un único proponente y participado en el comité evaluador que recomendó adjudicárselas por 1.061 millones de pesos.
Adicionalmente, como supervisora, es señalada de permitir la ejecución de obras sin acompañamiento de la interventoría. También avaló un acta de suspensión contractual en agosto de 2024, que aparecía firmada por el representante de la firma interventora, que nunca acudió a la reunión en la que se suscribió el documento.
Las actuaciones irregulares detectadas terminaron por ocasionar un detrimento patrimonial de 499 millones de pesos, correspondiente a los recursos girados. Lugo Camacho fue capturada luego de presentarse ante la Sijin de la Policía Nacional en Neiva (Huila), después de conocer de la existencia de una orden judicial en su contra.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público. La procesada no aceptó los cargos y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en su lugar de residencia, decisión que fue apelada por la Fiscalía.
Este avance investigativo es resultados de la estrategia definida por el Grupo de Tareas Especiales conformado para identificar y judicializar a los presuntos responsables de la desviación y apropiación de recursos del Sistema General de Regalías (SGR) destinados para cubrir el desarrollo de proyectos sociales y de infraestructura en las regiones.



