Caminar hoy por las calles de Ibagué se ha convertido en un ejercicio de supervivencia donde el ciudadano de bien lleva siempre las de perder. Mientras desde los despachos oficiales se intenta proyectar una tranquilidad inexistente, la realidad cotidiana de nuestros barrios desmiente cualquier discurso triunfalista.
Los ibaguereños están hastiados de sentirse completamente desprotegidos frente a una delincuencia que actúa a plena luz del día, con total descaro y sin temor alguno a la autoridad.
Las cifras oficiales del sistema SIEDCO son implacables y retratan el calvario diario de la gente trabajadora: en lo corrido del año, el hurto a personas aumentó un 21 %, alcanzando un promedio escalofriante de 14 atracos denunciados cada día en la ciudad, mientras el robo de motocicletas se disparó en un 41 %. El hampa ha perdido todo pudor. Hemos llegado al punto absurdo y vergonzoso en el que una ciudadana denuncia haber sido víctima en varias ocasiones por el mismo delincuente, reflejando una impunidad y una reincidencia que indignan.
Nadie está a salvo en ningún sector. Los atracos y raponazos acechan a quienes simplemente salen de hacer ejercicio en un gimnasio, a los estudiantes y a los comerciantes. A esto se suma la epidemia de los llamados «cocheros», bandas dedicadas a romper los vidrios de los vehículos estacionados en zonas como La Pola o la calle 37 para saquear en cuestión de segundos bolsos, computadores y el sustento de familias enteras. Ante semejante abandono, no sorprende que la desesperación esté llevando a los vecinos a tomar justicia por mano propia.
Pero la gravedad del asunto no termina en los robos. La violencia en la capital musical se ha vuelto mucho más letal y armada. Aunque algunos intenten maquillar el panorama hablando de una leve variación en el total de muertes violentas, los datos confirman que los homicidios perpetrados con arma de fuego se incrementaron en un 48 %. Hoy, de cada cuatro asesinatos en Ibagué, tres se cometen a bala, y los heridos por disparos casi se triplicaron. El sicariato y la extorsión que subió un 54 % le están ganando el pulso a la institucionalidad.
Frente a semejante desbordamiento criminal, resulta profundamente reprochable la falta de rumbo y liderazgo desde la alcaldía municipal. A la ciudad no se le devuelve la tranquilidad con frases de cajón ni con puestas en escena frente a las cámaras para aparentar mano dura, mientras la cartera encargada del orden público es utilizada como un simple trampolín político. La reciente salida del secretario de Gobierno, quien apenas duró tres meses en el cargo para dedicarse a fraguar su candidatura a la Alcaldía como la ficha de la administración, demuestra que en el Palacio Municipal pesan más los cálculos electorales de 2027 que la integridad de los ciudadanos.
La cabeza de la administración debe asumir su responsabilidad y dejar de gobernar para el aplauso fácil. Ibagué no aguanta más improvisación, funcionarios de paso ni estrategias cosméticas. La capital del Tolima exige verdadera gerencia, compromiso permanente, planes de choque efectivos contra el hurto y el sicariato. La vida y el patrimonio de las familias ibaguereñas no pueden seguir pagando los platos rotos de una administración distraída en campañas políticas.
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