
Las marchas convocadas por Petro el pasado jueves 19 de noviembre confirmaron dos realidades innegables para Colombia: primero, que su capacidad de convocatoria popular se desinfla a pasos agigantados; y segundo, que ante el fracaso de su agitación callejera, ha decidido cruzar la peligrosa línea de la sedición institucional. Lo que pretendía ser una demostración de fuerza política terminó siendo un ejercicio puramente populista y politiquero, diseñado exclusivamente para calentar motores de cara a las elecciones territoriales de 2027.
Basta mirar la realidad de las calles para desmontar el mito de las supuestas multitudes: apenas cerca de 55.000 personas en todo el territorio nacional atendieron el llamado. El país trabajador, ese que madruga a construir progreso en el Tolima y en cada rincón de la patria, le dio la espalda a la convocatoria. En las movilizaciones solo se vio a la misma clientela política de siempre: los sindicatos que estuvieron atornillados y comiendo de las mieles del poder durante el cuatrienio anterior, acompañados por las directivas de Fecode, que en lugar de cumplir con su deber en las aulas enseñándoles a nuestros niños, siempre prefieren abandonar las clases para salir a marchar en plenos días laborales. Ni siquiera la desgastada excusa de salir «por la comida de la gente» o contra el IVA a los alimentos logró engañar a la ciudadanía, pues desde el Centro Democrático nos opusimos desde el primer día a cualquier impuesto que golpee la canasta familiar, presentando propuestas serias de austeridad estatal en lugar de incendiar el país.
Sin embargo, lo más grave de la jornada no fue la escasa asistencia, sino la irresponsabilidad incendiaria del discurso de Petro en Calí. En un acto de abierto desafío a la Constitución, el exmandatario llamó a desconocer la legitimidad del Gobierno y lanzó una clara incitación golpista al afirmar que no había que esperar a las elecciones de 2027 o 2030, sino actuar en las calles de inmediato para sacar del poder al presidente Abelardo de la Espriella.
Esa declaración no es una simple opinión política; es un llamado sedicioso contra el orden constitucional. Abelardo de la Espriella no llegó a la Casa de Nariño de manera irregular ni por la fuerza, ni mucho menos pretendió hacerse elegir mediante maniobras oscuras, como sí quedó al descubierto con el escándalo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) del gobierno anterior. Hoy el país conoce con estupor los documentos reservados que revelan cómo, antes de las elecciones, desde esa entidad se solicitó sin soporte legal el censo electoral completo de más de 41 millones de colombianos y se orquestó una red de hackers para intentar infiltrar y alterar los sistemas de la Registraduría en favor del candidato de la izquierda.
A diferencia de quienes intentaron torcer la voluntad popular desde las sombras de la inteligencia estatal, nuestro presidente fue elegido de manera limpia, transparente y legítima en las urnas por la mayoría de los colombianos para gobernar hasta el 7 de agosto de 2030. Pretender tumbar en la calle lo que se perdió en democracia y lo que ni siquiera pudieron arrebatar con trampas es la esencia misma del autoritarismo.
Como bien lo respondió con temple nuestro mandatario desde la misma capital vallecaucana, con él pueden meterse cuanto quieran, pero con la democracia y con Colombia, jamás. El orden institucional se mantuvo firme: ninguna vía fue bloqueada por más de media hora y la Fuerza Pública garantizó los derechos de quienes marcharon en paz, neutralizando cualquier intento de caos.
Desde el Centro Democrático cerramos filas en defensa de nuestras instituciones, de la separación de poderes y del mandato constitucional de Abelardo de la Espriella. Gustavo Petro debe entender que en Colombia manda la ley, no el capricho de un agitador derrotado en las urnas. Las elecciones de 2027 se ganan con propuestas y trabajo, nunca llamando a derrocar la democracia.



