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Gobierno municipal y Concejo Ibagué buscan abortar la protesta con convocatoria a diálogos.
Por presuntos incumplimientos en acuerdos logrados por parte de la administración municipal de Ibagué, los transportadores Esteban decididos a realizar un paro el próximo viernes, el cual al parecer ya cuenta con el apoyo del gremio de taxistas.
La alcaldesa Johana Aranda sostuvo una primera reunión con el gremio, en la que se tuvo el acompañamiento de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, para garantizar transparencia y equilibrio en el proceso, y anunció que durante toda esta semana continuará trabajando con el sector para construir acuerdos que beneficien a todos, priorizando el bienestar colectivo y la movilidad en nuestra ciudad.
Por su parte, el presidente del Concejo de Ibagué, Camilo Acevedo, exhortó a los sectores convocantes del paro, a buscar alternativas que no perjudiquen a los ciudadanos ni a la economía local.
En un mensaje enfático, Acevedo afirmó: “Causar afectación a los ciudadanos y castigar la economía local no resolverá sus inconformidades. Los invitamos a considerar otros caminos para buscar soluciones efectivas.”
Con el objetivo de generar espacios de diálogo y concertación, el presidente del Concejo anunció: “Esperamos este martes a las 2:00 de la tarde a los organizadores del cese de actividades en la oficina de la presidencia del Concejo de Ibagué para escuchar sus inquietudes y ver de qué manera podemos hacer las interlocuciones con la administración, que siempre ha tenido la apertura y disposición.”
Adicionalmente, el presidente convocó a Fenalco y al sector empresarial a participar en este ejercicio de diálogo y trabajar conjuntamente para encontrar soluciones a las problemáticas planteadas.
“No podemos ser simples espectadores frente a los temas que comprometen a los ibaguereños. Es momento de unir esfuerzos para garantizar el bienestar de nuestra ciudad,” añadió Acevedo.
El presidente del Concejo también hizo un llamado a reflexionar sobre el impacto económico de las protestas en 2023, destacando que, según estimaciones de la Cámara de Comercio y el gremio de comerciantes, las pérdidas diarias en dicho periodo ascendieron a los siete mil millones de pesos, eso sin hablar de los enormes traumatismos a la comunidad afectando la prestación de servicios básicos.
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