Con datos concretos, la mandataria advirtió ante los ministros sobre el impacto del decreto en los ingresos del Tolima.
Ante el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, la gobernadora del Tolima presentó una explicación técnica detallada sobre los efectos que tendría el Decreto 1474 de emergencia económica en las finanzas y en la economía del departamento, durante la reunión de gobernadores convocada por el Ministerio de Hacienda.
La mandataria expuso que, de acuerdo con los cálculos realizados por su despacho, el Tolima dejaría de recibir cerca de $11.000 millones en el corto plazo solo por la aplicación directa de la medida. A esto se suma una reducción aproximada del 30 % en los recursos que hoy transfiere la Fábrica de Licores del Tolima, lo que afectaría de manera directa la inversión social del departamento.
Según explicó Matiz, si el decreto se mantiene, el impacto total para el Tolima podría ascender a cerca de $52.000 millones en los próximos años, como consecuencia de la caída en las ventas, la pérdida de mercado y el debilitamiento de las marcas propias del departamento.
La gobernadora también alertó a los ministros sobre el fuerte aumento que tendrían los precios de algunos productos. Indicó que los vinos podrían subir entre 124 % y 140 %, mientras que los aguardientes y rones tendrían incrementos entre 94 % y 105 %. Esta situación, advirtió, podría llevar a que más personas acudan al mercado informal, afectando los ingresos del departamento y generando riesgos para la salud pública.
Luego de exponer estas cifras, la mandataria expresó su inconformidad con la forma en que se tomó la decisión y señaló que los departamentos no fueron escuchados antes de la expedición del decreto. En ese contexto, hizo un llamado directo al Gobierno Nacional para excluir a los licores y a los cigarrillos de la medida.
“Pedimos que se excluya del Decreto 1474 a los licores y cigarrillos”, dijo la gobernadora, al reiterar que su intervención no busca confrontar con el Gobierno Nacional, sino defender de manera legítima los intereses de los territorios y de las comunidades que representan.
“En un Estado Social de Derecho como el que tenemos, dialogar, disentir y reclamar no puede entenderse como ninguna rebelión ni como ninguna confrontación con el Gobierno Nacional; debe entenderse como un derecho legítimo que tenemos por el mandato constitucional que nos dieron los ciudadanos”, afirmó Matiz.
