La ciudad es hoy una galería electoral al aire libre. Puentes, glorietas, postes, fachadas, todos tapizados con rostros y números. Caras gigantes que sonríen desde cada esquina. Frases genéricas que prometen “cambio” y “renovación”, pero que no explican cómo ni con qué recursos.
La política reducida a tamaño de lona. Y no se trata de un problema estético. Es un problema democrático. Cuando una campaña invade el espacio público sin que el debate esté lleno de ideas, significa que importa más ser visto que ser entendido.
Y a eso se suma algo más delicado: varias de esas piezas no aparecen registradas en el portal Cuentas Claras, donde deberían reportarse los gastos de campaña. Ese sistema no es decorativo, es la herramienta que permite saber quién financia, cuánto se invierte y bajo qué reglas compiten los candidatos.
Si la ciudad está saturada de publicidad, pero los informes no reflejan ese nivel de gasto, la pregunta es: ¿quién paga la diferencia? Y si no sabemos quién paga, tampoco sabemos qué espera recibir a cambio.
Y aunque las normas sobre publicidad política existen, la aplicación ha sido desigual. Algunos pendones se desmontan, otros permanecen intactos. Algunas campañas son llamadas al orden, otras parecen inmunes. Todo esto erosiona la confianza, ya que la democracia no solo depende de candidatos responsables, también de instituciones que hagan cumplir las reglas sin favoritismos.
Nuestra región tiene desafíos urgentes que exigen debate serio: empleo, seguridad, oportunidades para los jóvenes. Pero el espacio público está ocupado por propaganda y el debate por silencio.Una ciudad tapizada de propaganda política no es señal de vitalidad democrática. Puede ser señal de exceso de dinero y déficit de control.
Es hora de exigir menos fotos y más cuentas claras. Y de exigir que la ley, como la democracia, sea para todos.
