El Gobierno del Cambio ha realizado una inversión sin precedentes en el sector salud, logrando un crecimiento real del 28% en la Unidad de Pago por Capitación y del 50,8% en el Presupuesto General de la Nación para salud. Este último ha permitido la presencia real de 10.983 Equipos Básicos de Salud en los territorios llevando atención directa a millones de familias, mientras se ejecutan más de 1.800 proyectos de infraestructura hospitalaria, junto con apuestas innovadoras como el primer buque hospital Benkos Biohó, que acerca servicios de mediana y alta complejidad al Pacífico colombiano
El Ministerio de Salud y Protección Social rechaza de manera categórica las recientes afirmaciones realizadas por algunos candidatos políticos, medios de comunicación y otros actores del país que desconocen la inversión histórica, los avances y resultados que se han logrado en el sector salud durante el Gobierno del Cambio, y además tergiversan la información disponible contribuyendo a desinformar a la opinión pública.
En este sentido, y con base en evidencia sólida y verificable, esta cartera se permite aclarar que la actual administración ha fortalecido la financiación del sistema de salud como nunca antes, ampliado el acceso a los servicios y desplegado una estrategia territorial para garantizar el derecho fundamental a la salud de todas y todos los colombianos.
En consecuencia, es necesario precisar que los problemas estructurales del sistema NO son recientes ni atribuibles al Gobierno del Cambio. Por el contrario, responden a décadas de un modelo de intermediación financiera que ha priorizado la mercantilización y la privatización de la salud sobre la garantía de este derecho fundamental con evidencia de múltiples irregularidades, tal y como lo ha advertido la Contraloría General de la República, que ha identificado más de 15 billones de pesos cuyo destino no ha sido claramente establecido, mientras se acumulaban deudas con hospitales, trabajadores y proveedores.
El Gobierno del Cambio ha enfrentado esta situación con decisiones concretas paraordenar el flujo de recursos y garantizar que lleguen efectivamente a donde deben estar: los servicios de salud.
Por otro lado, si bien se habla mucho sobre una supuesta crisis en la entrega de medicamentos, este Ministerio ha sido enfático en señalar que los medicamentos están disponibles y deben ser entregados a los ciudadanos, en tanto la salud es un derecho fundamental. Las dificultades que se han presentado no obedecen a un desabastecimiento, sino a fallas en la gestión de las EPS, que han generado barreras administrativas injustificadas.
Estas prácticas, heredadas del modelo de intermediación, son precisamente las que este Gobierno ha venido corrigiendo para garantizar una entrega oportuna y sin trabas.
Sobre la financiación del sistema, este Gobierno ha realizado el mayor esfuerzo fiscal en la historia reciente, logrando entre 2022 y 2025 un crecimiento real del 50,8% en el Presupuesto General de la Nación para Salud equivalente a 25 billones de pesos adicionales – 1,4 puntos del PIB.
En el mismo periodo, se acumuló un incremento real del 28% en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), equivalente a 21 billones de pesos adicionales, al pasar de 75,3 billones en 2022 a 96,4 billones en 2026. De igual forma, se avanzó en la reducción de la brecha entre la UPC del régimen subsidiado y contributivo con un incremento de 3,3 billones para la equiparación de la prima pura al 95%.
Estos incrementos, que superan ampliamente la inflación, evidencian que el sistema cuenta con recursos suficientes. Por tanto, el debate de fondo es qué ha ocurrido con esos recursos dentro del esquema de intermediación financiera.
Siguiendo esta línea, resulta especialmente grave descalificar los Equipos Básicos de Salud (EBS), dado que representan uno de los avances más importantes para la garantía del derecho fundamental a la salud en Colombia. A la fecha, han operado 10.983 equipos básicos de salud en todo el país financiados con el Presupuesto General de la Nación, con cobertura en los 32 departamentos y los 1.123 municipios, beneficiando a más de nueve millones y medio de familias con atención directa en sus territorios. Su labor ha permitido mejorar coberturas, detectar enfermedades de manera temprana y acercar servicios a poblaciones históricamente excluidas, consolidando un modelo de atención primaria que salva vidas.
