En una entrevista concedida a Noticias Caracol, la mandataria de los tolimenses denunció que por el ingreso de una retroexcavadora esas organizaciones criminales cobran entre $5 y $7 millones. Reconoció que, después de los anuncios del ministro de Defensa, algunas de esas máquinas han comenzado a salir de la zona y del lecho de los rios Saldaña, Atá y Amoyá.
“Lo que está sucediendo en Ataco, Planadas y Chaparral, a futuro, va a tener consecuencias que son incalculables”. Con estas reflexiones la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, se refirió a los estragos que está causando en el sur del Tolima la práctica de la minería ilegal en materia económica, social y ambiental.
La mandataria dijo que ya son, al menos, 14 hectáreas de bosque, ubicadas sobre las riberas de los ríos Atá, Saldaña y Amoyá, las que ya se afectaron por la depredación que produce el uso de retroexcavadoras.
“Al municipio de Ataco, por ejemplo, han llegado entre el año 2024, el año 2025 y lo que va este año, casi 5.000 personas de otros departamentos que vienen a realizar minería ilegal al departamento del Tolima. Y esto, por supuesto, parte de unas economías criminales que se están asentando en el departamento del Tolima y que están generando graves perjuicios; no solamente en materia ambiental, sino también en temas sociales. Hay grupos criminales detrás de esa práctica, pero las disidencias de las FARC también se están viendo beneficiadas; ya que ellos, por cada una de las máquinas que ingresan al territorio, están cobrando entre $5 y $7 millones”, detalló la mandataria.
Adriana Matiz reconoció que luego de los anuncios del ministro de Defensa, Pedro Sánchez en días recientes varias de las retroexcavadoras que estaban en esos ríos han empezado a salir de la zona al igual que muchas personas han retornado a sus departamentos de origen; pero muchos siguen allí.
“Nosotros tenemos preocupación en varios temas. Un tema, por supuesto, el tema ambiental con la depredación de nuestros ríos: pero, también toda la pérdida de la capa vegetal; un tema de seguridad porque hay grupos de disidencias de las FARC que se están viendo beneficiados con estas economías ilegales. Y además de eso, también el tema social. Allí tenemos consumo de drogas, allí tenemos prostitución, menores también. Y esto, por supuesto, nos está preocupando muchísimo a las autoridades”, reveló.
La gobernadora afirmó que también se están implementando acciones desde el Ministerio del Medio Ambiente y Cortolima para proteger los mineros ancestrales y artesanales que durante décadas han realizado esta actividad en el sur del Tolima y que también se han visto afectados por la avalancha de personas que llegaron de otras regiones y por las amenazas de las estructuras criminales.
Informes de inteligencia en poder de las autoridades indican que a esa región llegaron personas de Antioquia, Chocó y Cauca y que en los cambuches donde están viviendo se han encontrado problemas de alto consumo de licor y drogas ilícitas. “Es muy grave, es supremamente preocupante lo que está sucediendo en esta región. En las imágenes que hemos obtenido podemos ver todo el daño ambiental que se está ocasionando; a futuro vamos a tener consecuencias que son incalculables”, concluyó la gobernadora del Tolima.
